No solo es Maritza Medina, es todo el sistema judicial
- Yazmin Espinoza
- 8 dic 2021
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Yazmín Espinoza
En el estado de Tabasco el 94% de la población de 18 años y más, identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira con mucho algo de confianza seguida del Ejército con 92.5% donde los Jueces, Policía Estatal, Policía Ministerial o Judicial, Ministerio Público, Policía Preventiva y de Tránsito, registran niveles bajos de confianza.
Por otro lado, sobre la percepción de corrupción respecto de las autoridades de seguridad y de Justicia el 82.4% de la población de 18 y más, consideró que la policía de tránsito es corrupta seguida de la policía preventiva municipal con 70.3 por ciento, así como los jueces con un 67.1% de corrupción por arriba de la media nacional que representa 65.4%.
Lo anterior de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, generada por el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ) y coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en cuanto a nivel de confianza en autoridades de Seguridad Pública, Seguridad Nacional, Procuración e Impartición de Justicia en el Estado de Tabasco.
Al respecto, Roberto Hernández, creador de la polémica cinta, “Duda Razonable: Historia de Dos Secuestros”, puntualiza que “La encuesta además pregunta sí el juez les había preguntado si tenían alguna queja, estoy hablando de memoria, sólo 22% de las personas privadas de su libertad contestó que el juez o los jueces de control habían preguntado si tenían alguna queja, es decir 78% de los ellos ni siquiera lo mencionó”.
La proyección a nivel nacional del documental que se encuentra en los primeros diez lugares de lo más visto de Netflix, que expone un sistema de justicia fragmentado, en Tabasco ha atraído a la mesa la percepción de desempeño de los funcionarios no sólo de los involucrados en el caso de Macuspana, si no de los servidores públicos en general, y en esa tesitura el cineasta consideró que la entidad carece de personal con la capacidad técnica y preparación idónea, por lo que al gobierno le es sencillo atraer personal sólo para cubrir las vacantes.
Freelance: - Una de las claras omisiones es la que queda en manos de una de los jueces de control, el pasado 28 de junio de 2015 cuando se dicta auto de vinculación a proceso a Juan Luis, Gonzalo, Héctor y Darwin, detenidos en una evidente participación en el control de la detención cuando se advirtió claramente que el abogado desconocía el nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que con ello no se hace valer el principio de procuración de Justicia ni se garantiza una adecuada defensa de las cinco personas inocentes.
Roberto Hernández: -“Todo el Poder Judicial está así no sólo Mariza Medina, todo el Poder Judicial no ha entendido que su misión es proteger la integridad, supervisar que la integridad física de las personas detenidas haya sido cumplida, que el deber de custodia se haya cumplido cabalmente”, refirió.
Cabe recordar que de entre los implicados en el caso de Juan Luis, Gonzalo, Héctor y Darwin, que participan en la detención irregular, tortura, fabricación de pruebas y testimonios, “manejo malicioso” de la fiscalía estatal, así como el atentado perpetrado contra uno de los defensores, Medina Custodio es la única jueza removida del cargo, quien posteriormente emprende un proceso de litigio contra el Poder Judicial tras impedirla a ejercer.
“Sin duda tienes razón, el juez de control tendría que haber supervisado si los torturaron o si tienen alguna queja sobre el trato que recibieron y entonces sí se ve mal que luego desde una posición como jueza de control no cumplió cabalmente con su profesión y ahora está en otro lugar en donde ellos tienen pendiente un proceso donde la comisión debe emitir una recomendación por los hechos de tortura”, puntualizó Hernández.
Cabe recordar que la funcionaria, actualmente funge como secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, mientras que el resto de los jueces de control y servidores públicos siguen ocupando cargos dentro del sistema de justicia.
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